Los conflictos sociales existen, y van a seguir existiendo, mientras no abordemos, con mayor profundidad, aquellos temas estructurales que impiden una solución definitiva al problema.
Estado, comunidad y empresa son los principales actores en este escenario. Sin embargo, no se comunican apropiadamente entre sí, se miran desde los extremos, no dialogan lo suficiente y, por lo tanto, desconfían unos de otros. ¿Cómo puede entonces generarse algún tipo de capital social o institucionalidad que permita crear un ambiente propicio para una convivencia natural?
La construcción de ciudadanía, desde mi punto de vista, requiere una mirada más profunda y holística. En primer lugar, hay que considerar que el sector minero se desarrolla en zonas completamente alejadas del desarrollo, usualmente por encima de los 3,000 msnm, donde la carencia de necesidades básicas como educación, salud, alimentación e infraestructura es grande y notoria.
En estas zonas, las instituciones el Estado, principales responsables de remediar dichas necesidades y velar por la calidad de vida de las poblaciones, tienen poca o nula presencia. Ante esa falta de apoyo, las comunidades acuden a las empresas que tienen al lado para pedirles todo aquello que el Estado es incapaz de proveerles. Esta sola interpretación equivocada de roles y obligaciones es el germen de muchos de los conflictos que apreciamos hoy día. La comunidad asume que el principal encargado de velar por su acceso a estos servicios básicos no es el Estado, sino la empresa privada que suele “llevarse los recursos que les pertenece”.
Pero, por otro lado, esta visión paternalista es compartida también por muchas empresas mineras que caen en este mismo juego de roles equivocados y se creen con derecho a determinar qué es lo mejor para dichas comunidades. Claro está que lo hacen obligadas por las circunstancias de cercanía de las poblaciones, por las carencias y la presión, por mantener relaciones armoniosas y también por una genuina práctica de responsabilidad social.
Pero el hecho es que muchos conflictos se originan porque la empresa no procura lo que la población exige. Y, claro, las exigencias pueden ir desde la construcción de los clásicos coliseos de toro, los monumentos, las canchas de futbol hasta los paraderos de ómnibus, los locales comunales de tres pisos, etc. Es decir, obras de cemento que, lamentablemente, aportan poco valor al desarrollo humano y al retorno de la inversión social de la empresa. Por lo general, temas de capacitación educativa, desarrollo rural, agropecuario o sanitario son poco apreciados por la población. En esta discusión, por ejemplo, el Estado está siempre ausente y, por lo general, las empresas mineras no son muy hábiles en involucrarlo.
Todo lo anterior es producto de que existe una ausencia de ciudadanía: las poblaciones desconocen cuáles son sus deberes y derechos frente al Estado y a la empresa privada; el Estado abandona su deber de proveer de infraestructura adecuada y calidad en la educación, salud y seguridad; y la empresa privada, por su lado, asume deberes frente a la comunidad que no siempre son los que le corresponde. El concepto de ciudadanía se ha trastocado en el camino.
¿Quién debe llevar adelante esta delicada tarea de crear ciudadanía en la zona? No cabe la menor duda que es obligación del Estado explicar a estas poblaciones, incluso antes de que llegue el primer geólogo a la zona, cuáles son sus reales derechos, por ejemplo, sobre la propiedad de la tierra, pues ellas asumen que son dueñas de la superficie y del subsuelo.
También deben advertirles que sus zonas pueden ser alteradas por factores externos, como la presencia de una empresa, previamente autorizada por el Estado, que desarrollará un determinado proyecto de inversión. Pero también debe asegurarles que el Estado garantiza que el proyecto se ejecute de una manera social y ambientalmente responsable. Y tiene que ratificarles, sobre todo, que ellos poseen el principal derecho a vivir pacíficamente en los terrenos que han sido suyos por varias generaciones. Por lo tanto, el impacto sobre sus vidas tiene que ser mínimo y, además, compensado de acuerdo a estándares previamente asumidos.
El Estado, de este modo, se convierte en garante de una convivencia pacífica: supervisa a diario que todos los actores cumplan con las responsabilidades asumidas y garantiza que el resultado de la operación genere beneficios y desarrollo a todos los pueblos involucrados.
