¿Es posible hablar de Responsabilidad Social (RS) en el Gobierno? ¿Puede ser un Gobierno con Responsabilidad Social? La respuesta es sí. El problema es que aún no se ha enterado.
En los últimos años, se ha notado un gran avance de la Responsabiliad Social, especialmente la referida a las organizaciones privadas, según lo demuestra la experiencia y los estudios publicados al respecto. Pero, a medida que la práctica avanza entre las empresas, ésta se aleja del Gobierno.
En general, los gobiernos han ignorado el alcance y trascendencia de la RS porque han asumido, equivocadamente, que compete sólo a la empresa privada. De esta manera, la RS evolucionó al margen del gobierno, estimulada más bien por la presión de algunos grupos de interés importantes, como los consumidores y las ONGs.
Sólo algunos países europeos han entrado en acción y realizado grandes esfuerzos por incluir a la RS en su gestión diaria, exigiendo compromisos empresariales e involucrándose activamente. En Francia, existe un marco jurídico que regula las iniciativas de RS de las corporaciones. En el Reino Unido, los sucesivos gobiernos han tratado de mejorarla a través de incentivos y reglas; inclusive tienen un ministerio.
¿Por dónde empezar? Muy fácil, exigiendo al Gobierno lo mismo que se le pide a las instituciones que apuestan por la Responsabiliad Social: valores, visión, legitimidad social, conducta ética, transparencia, rendición de cuentas, respeto al medio ambiente, apuesta por el desarrollo sostenible, toma de decisiones prudentes que busquen el bien común, etc.
Pero, de todas estas variables, escojamos sólo una: la ética. Un gobierno con una conducta ética adecuada crea confianza, construye relaciones duraderas y transparentes con los gobernados, además de promover un ambiente adecuado para la convivencia social. En el campo económico, esta confianza permite que las empresas se desarrollen en un ambiente legal y social adecuado. Es más, el Gobierno puede acompañar aquellas estrategias corporativas que permitan tener empresas rentables, pero preocupadas por el desarrollo sostenible, sin importar su sector o tamaño.
Pero esta cultura ética tiene que ser interiorizada por todas las autoridades que dirigen y administran las instituciones del Gobierno (Presidencia, Consejo de ministros, ministerios, etc.) porque son ellas, al final, las que ejecutan las decisiones más importantes.
Cuando los valores no están presentes en la gestión pública, la corrupción crece cada día, originando además otras actitudes antiéticas, como el abuso de autoridad, el tráfico de influencias, etc.
Sólo teniendo la cuestión ética bien definida, el Gobierno puede alcanzar un comportamiento responsable y garantizar una mejor calidad de vida para las generaciones actuales y futuras.
